Descentralización
La AE se basa, entre otras cosas, en el reconocimiento y utilización de recursos naturales locales puestos en funcionamiento a través de los conocimientos y saberes autóctonos, como forma garante de obtener manejos adecuados y sostenibles en el tiempo del sistema agrícola y de garantizar la supervivencia de las comunidades campesinas, indígenas y capitalistas que gravitan en torno a la agricultura local.
Por lo tanto, las pretensiones de dominio centralizado, tan característico de los actuales aparatos burocráticos y modelos de gestión en muchos de los países iberoamericanos, deben dar paso a formas descentralizadas de gestión de recursos y de acciones agroecológicas.
Desarrollo legislativo y normativo.
Las políticas estatales se traducen muchas veces en normas, leyes y decretos que, acompañadas de los respectivos presupuestos monetarios, generan e impulsan cambios en las sociedades. Las normas sin dinero para ejecutarlas suelen caer en desuso.
En relación con la AE, en los países iberoamericanos deberían darse pasos en este sentido a través de una serie de procesos políticos que exigen la voluntad de los tomadores de decisiones en los más altos niveles del Estado.
Las actuaciones prioritarias podrían concretarse en: establecer normativas para la certificación orgánica que aborden tanto las necesidades de los mercados internacionales como las de los mercados locales, promover legislaciones nacionales de ordenación y fomento de la actividad del sector de la AE, establecer normativas para acreditación de certificadoras, regular los procesos de seguimiento y control de la producción, establecer control sobre las certificadoras internacionales para evitar riesgos de fraude y desprestigio de las producciones nacionales y, por último, formar a las autoridades nacionales para realizar el seguimiento y participar en el desarrollo de las iniciativas de armonización internacional de legislaciones que afecten al sector.











